La teoría del vaso “medio lleno” o “medio vacío” es aplicable al análisis que hace el oficialismo de la interpretación a las leyes vigentes. Cuando el diputado Icazuriaga y la diputada provincial Cristina Fernández tuvieron que fundamentar la supresión de cargo del Dr Eduardo Sosa, encontraron los argumentos para desestimar la “inamovilidad” de los jueces. Hoy, después de 14 años, en que deben sacar a un Fiscal para restituirle el cargo al abogado, el FPVS encuentra que la “inamovilidad” es el argumento fundamental que le impide acatar el fallo de la Corte Suprema.

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"Nunca midan a un político por la coherencia de su conducta, sospechen que cada uno de sus actos es moldeado en la conveniencia política del momento, aún cuando para defender esa conveniencia deban ser incoherentes con sus conductas anteriores”. Esta frase la acuñó en mí un preclaro profesor universitario licenciado en Ciencias políticas, motor, de alguna manera, en el arte de desconfiar de los políticos, que he desarrollado todos estos años.


El 7 de septiembre de 1995 la legislatura provincial que tenía a la actual Presidenta Cristina Fernández de Kirchner como diputada santacruceña promulgó la ley 2.404 donde se desplazaba de sus funciones al Procurador Eduardo Sosa, a instancias (obviamente) del Gobernador Néstor Kirchner.

En aquel momento el cruce con la oposición que criticaba la inconstitucionalidad de la norma, fue muy fuerte y el frente formado por los diputados del FPVS encabezados por Héctor Icazuriaga y Cristina Fernández sacaron de la galera una interpretación segmentada del concepto de “inamovilidad” de los jueces, para destruir el argumento que los diputados de los otros partidos esgrimían como principal escollo para quitarle a Sosa sus derechos adquiridos.

El oficialismo (con CFK como promotora e impulsora principal) en aquel momento para fundamentar su decisión de desplazar a Sosa se basó en el marco del derecho administrativo de Miguel Marienhoff y sus citas, planteando que “en nuestro Derecho no existe la estabilidad absoluta”, agregando que “la inamovilidad no puede concebirse como un derecho subjetivo del funcionario”, rescata en un artículo muy oportuno el diario La Opinión Austral.

Hoy que la Corte Suprema de Justicia ordena por cuarta vez en 14 años reponer a Sosa, los diputados del Frente para la Victoria hacen la lectura inversa de la realidad y ponen como escollo para no desplazar al Dr Espinoza como actual Agente Fiscal, la “inamovilidad” de los jueces, tal como lo expresó ayer en la Legislatura la diputada del FPVS Ana María Urricelqui. Contradictorios y oportunista, el oficialismo recoge el guante cuando es necesario y lo tira cuando le conviene.

Y para completar el rosario de perlitas recordatorias de este oficialismo contradictorio, fue en el año 1995 cuando un acérrimo antikirchnerista del momento, hoy funcionario principal del Correo Argentino y ultrakirchnerista reformulado, el inefable “Tusi” Peña, decía a voz en cuello desde su banca unipersonal en la Cámara de Diputados de Santa Cruz “Estoy espantado, como abogado, como diputado y ciudadano por la teoría ensayada por Icazuriaga y Cristina Fernández”, y recordaba que la “inamovilidad de los jueces” se trataba de un derecho constitucional, gritando en el recinto “suprimir el cargo (NdR: de Procurador que tenía Eduardo Sosa) es mochar a los jueces que se nos de la gana, es una aberración típica del más puro fascismo y va en contra del sistema republicano de gobierno, además de ser una “barbaridad jurídica”. (Agencia OPI santa Cruz)

    

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